ALGO QUE DECIR SOBRE TIME WARP

ALGO QUE DECIR SOBRE TIME WARP

Consideraciones sobre las posiciones de la sociedad y el Estado

ante las muertes vinculadas al consumo de drogas

 

Introducción

A partir de la muerte de cinco personas ocurridas en la fiesta de música electrónica Time Warp, en el pasado mes de abril, fueron muchas las cosas que se dijeron al respecto. Los hechos sucedidos y su posterior divulgación por los medios masivos y alternativos de comunicación tuvieron gran repercusión en la comunidad en su conjunto. Los mismos hicieron que se conozcan algunos entretelones de este tipo de eventos  llevados a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También este acontecimiento cristalizó una situación que era conocida por el gobierno: el consumo de alcohol, drogas sintéticas y otras, que ocurren en estos lugares. Una referencia de lo antedicho es una publicación del año 2010 con información sobre el tema “Nocturnidad y consumo de drogas sintéticas” divulgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Asimismo, según los datos del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, el consumo de drogas de síntesis mantiene un sostenido aumento en los últimos años, fenómeno que se enmarca dentro de una tendencia mundial. Sin embargo, y a sabiendas de la concurrencia de usuarios de drogas sintéticas a espacios urbanos públicos y semipúblicos donde se desarrollan fiestas, el gobierno no propició un abordaje desde una perspectiva de salud pública y comunitaria. Consideramos que Time Warp puso en evidencia las carentes políticas públicas en muchos sectores y especialmente en políticas sobre el consumo de drogas.

Desde una perspectiva de salud comunitaria, divulgamos ciertos temas que nos parece importante transmitir en estos momentos. En este breve escrito abordaremos algunas cuestiones sobre salud, política, y sobre el uso problemático de drogas. Primero proponemos una breve reseña sobre algunas intervenciones de la gestión del gobierno de la Ciudad, desde que asumiera Mauricio Macri hasta el presente, en torno a la salud mental y las adicciones. Luego recuperaremos algunas variables para el análisis del uso problemático de drogas desde la complejidad que demanda dicha temática. Finalmente, realizaremos varias propuestas desde la salud comunitaria para impulsar frente a la situación actual en nuestra sociedad.

 

Algunos datos sobre las políticas en la CABA

Lo sucedido en Time Warp no es un hecho aislado sino que se trata de un suceso que deja en evidencia la cualidad de las políticas públicas en Salud y en Desarrollo Social impulsadas por Mauricio Macri como jefe de gobierno, y continuadas por Horacio Rodríguez Larreta en la actualidad. Las mismas oscilan desde el desinterés y el abandono, pasando por el achicamiento y la precarización en el Estado, para desembocar en un considerable desmantelamiento y privatización/tercerización de los efectores que abordan estas problemáticas.

Enunciamos sólo algunos hechos relevantes vinculados a la salud pública y a la asistencia en salud mental y adicciones en los últimos años:

– En abril del 2011 se produce el cierre definitivo del Servicio 14-22, tal y como venía funcionando, del Hospital José T. Borda. El Servicio estaba destinado a la atención de personas con problemáticas adictivas, psicosis y VIH. Todos los pacientes allí alojados fueron redistribuidos en otros servicios de la institución y algunos derivados a clínicas de la provincia de Buenos Aires, sin considerar la especificidad de las adicciones y vulnerando derechos establecidos en leyes locales y nacionales sobre Salud Mental y Adicciones. A este acontecimiento producido entre gallos y medianoche, se le suma la falta de apertura de efectores,  salas comunitarias, dispositivos alternativos, casas de medio camino, entre otros, que brinden asistencia a los pacientes con este tipo de problemática, tal como lo establece la Ley Nacional 26.657.

– El 26 de abril del 2013 se produjo una violenta irrupción de la Policía Metropolitana en el Hospital público José T. Borda, para luego continuar con una brutal represión a los pacientes, periodistas, estudiantes, legisladores y trabajadores que se encontraban en el predio de esa institución resistiendo el avasallamiento a la salud pública y comunitaria. Estas acciones pusieron en riesgo la continuidad de los servicios de la institución, incluyendo entre otros los de consultorios externos para tratar problemáticas adictivas.

Como telón de fondo de estos acontecimientos, por aquel entonces se conocía el proyecto inmobiliario de Mauricio Macri, destinado a construir en esos terrenos –pertenecientes al Hospital público– el Centro Cívico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los diarios de la época ya publicaban los planos de dicha edificación.

– En el primer discurso de Mauricio Macri asumido como presidente hizo alusión a “la lucha contra el narcotráfico” utilizando la frase: “la guerra contra las drogas”, política pública que fracasó en muchos países del mundo, incluyendo a su gran impulsor, EE.UU. Claramente, se registra a partir de sus palabras que el actual gobierno ubica su análisis sobre la temática en la “sustancia” y en su comercialización, dejando por fuera (u olvidando) cuestiones referidas a la salud comunitaria de los usuarios y al contexto en donde se efectúan dichos consumos.

– Otro tanto ocurre con la posición del gobierno nacional ante el resto de las naciones. Como se puede apreciar en las repercusiones de la participación de la Canciller argentina, Susana Malcorra, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016),

La Canciller hizo alusión y repitió hasta el hartazgo la importancia de los Derechos Humanos vinculados a la salud física y mental. Sin embargo parece haber un desconocimiento o una renegación considerable sobre la posición de otros integrantes del actual gobierno frente a la materia. Pueden tomarse acaso las desmentidas a los instrumentos legales e institucionales: la no aplicación de la Ley 448 en la Ciudad a lo largo de las gestiones del PRO; las declaraciones del Dr. André Blake, actual Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, en torno a aspectos centrales de la Ley Nacional 26.657. Ambas leyes mencionadas han constituido un avance considerable en el terreno de los Derechos Humanos, dentro del campo de la salud.

– A partir de lo ocurrido en Costa Salguero y luego de varios días de silencio las declaraciones del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fueron: “Hay un problema más profundo que las fiestas, que son las adicciones a las drogas” (Diario La Nación, Domingo 1º de mayo del 2016). Lo que se vislumbra en este tipo de respuestas, es que buscan impactar mediáticamente pero el análisis de lo acontecido está vaciado de contenido, ya que no transmite argumentos sólidos ni una explicación clara sobre las políticas públicas ante las problemáticas adictivas. Asimismo, no se registran acciones específicas que apunten a modificar el estado actual de la situación haciendo referencia a la salud pública de la comunidad. Para ejemplificar dicha cuestión, se puede leer el difuso rol del Estado en el proyecto de ley para el cuidado de asistentes a eventos de música electrónica. Dicho proyecto, que el ejecutivo envió a la Legislatura porteña el 27 de abril pasado, se enfoca exclusivamente en este tipo de fiestas y su realización, y cuenta con propuestas que podrían ser regresivas en el actual estado de situación: mayor presencia policial (artículo 2, inciso e) con el objetivo de tomar denuncias. Dejamos a vuestro criterio el papel de las fuerzas de seguridad como funcionarios públicos en el abordaje de estas temáticas.

– Para concluir con las declaraciones de funcionarios de alto nivel, en una entrevista concedida al diario Infobae, la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti fue consultada acerca de los cinco jóvenes que murieron tras consumir drogas en la fiesta electrónica. La mandataria no sólo sostuvo que es “casi imposible” tener algún tipo de control en estos casos, sino que además lanzó una insólita reflexión: “Me dio angustia, bronca, impotencia… si la pastillita es tan chica, ¿cómo se controla eso?” Es evidente, por un lado, el desconocimiento absoluto del tema. En segundo lugar, se hace referencia al “control” del usuario de drogas como forma de intervención gubernamental. Se trata, desde nuestra perspectiva, de dichos vacíos de contenido que no transmiten una postura política seria respecto de lo acontecido.

– Podemos agregar también una serie de sucesos, tanto en la Ciudad como a nivel nacional, respecto del desinterés de las gestiones en torno a instituciones, programas y efectores que abordan la temática del uso de drogas: falta de aprobación y de formalización de estructuras institucionales; falta de reconocimiento de distintos cargos y funciones en el personal que viene desempeñándose en distintas áreas; falta de información plena y fidedigna sobre los efectores y los servicios que brindan; entre otras cuestiones que profundizan la precarización y el vaciamiento del Estado en su carácter de garante de la atención pública y universal.

Seguramente podríamos enumerar más experiencias de este tipo, de diverso tenor, acaecidas también en terrenos concomitantes, como la salud pública en general y las políticas de desarrollo social en la Ciudad. Las descriptas aquí sólo pretenden dar un panorama de aquellas situaciones más significativas.

Asomarse al tema, desde la complejidad que reclama

Históricamente y desde tiempos inmemoriales los seres humanos han utilizado sustancias denominadas psicoactivas, y es en la actualidad donde esta práctica, devenida consumo de drogas, adopta ciertas características que tendremos que tener en cuenta a la hora de encarar cualquier análisis.

Las cuatro patas de los usos problemáticos

a. Las personas usuarias.

En el caso de Time Warp no conocemos a las personas que consumieron drogas, pero sí podemos conjeturar algunas ideas teniendo como referencia la información divulgada. Nuestro punto de partida es que a las fiestas de música electrónica asisten –aunque no exclusivamente- usuarios de drogas tanto legales como ilegales. Teniendo en cuenta este dato, tenemos que informar que es necesario diferenciar al que usa drogas de forma regular o de forma ocasional, del que abusa y del que depende (siendo estas dos últimas, también, formas de uso).  No todo consumidor de drogas es un adicto, ni todo consumo de drogas en el que no haya dependencia es inocuo. En este caso no se puede hablar con certeza de una adicción. Es importante detenerse en este plano, para no caer en hipótesis que sostienen que el mero contacto con una droga, con cualquier droga, causaría una dependencia eterna e irreversible.

b. La moral y la jurisprudencia.

Si en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, las personas consumidoras de drogas estaban asociadas a los discursos contestatarios, de rebeldía y contraculturales, en la actualidad esa representación  ha ido variando considerablemente.

A lo largo de los años muchas culturas, incluida la nuestra, le han asignado al usuario de drogas, atributos y/o características peyorativas. Estas formas de representar y nominar, en innumerables casos traen aparejadas conductas de segregación y criminalización de una persona por el acto mismo de consumir una droga –la mayoría de las veces, siendo ésta última de estatuto ilegal. Probablemente, el uso excesivo de las legales (como las bebidas alcohólicas) despierta reacciones similares, pero en este caso sólo sería una persona “peligrosa”, y no directamente un anticipado “delincuente”.

Daniel Altomare, en “Mercado Técnica adictiva”, nos dice al respecto: “Reconocer socialmente a un adicto es una práctica que no escapa a las formas macartistas de persecución social. Estamos aquí ante una forma de inclusión social alternativa: el encierro. Para ejecutar esta práctica que simula un deporte conocido con el nombre de cruzada moral, alcanza con levantar la polvareda de la sospecha, desnudando obscenamente la más celosa intimidad. Hay un saber condenatorio sobre la práctica social del consumo de drogas. Hay una estrategia discursiva que apunta a satanizar estas prácticas individuales”.

El modelo prohibicionista, que talla en la moral y en las leyes, es el que acompaña toda la época de los  abordajes abstencionistas en asistencia y prevención de los usos problemáticos de drogas. Estas dos formas de encarar “el problema de las drogas” –índice para todo fantasma y flagelo, correlato de la “guerra contra las drogas”—han dejado inscripción en el imaginario social de forma vasta, en las costumbres y el trato cotidiano, en el modo de establecer o sustraer un vínculo con las personas usuarias de drogas que, reiteramos, serían todas adictas desde esta perspectiva.

Dentro del marco legal local, la vigencia de la Ley Nacional 23.737, promulgada en 1989, reclama una revisión urgente. Este instrumento le proporciona al gobierno un terreno favorable para perseguir, judicializar y criminalizar al usuario de drogas, quedando el problema en una órbita jurídica (más precisamente, bajo una jurisprudencia de corte punitivo) y no de la salud pública de la comunidad. Para introducir variantes a la prisión para los usuarios, contempla también las conocidas “internaciones compulsivas”, que inclinan desde otro punto más la perspectiva punitiva de la asistencia de la problemática.

c. Los contextos. 

Como consecuencia de estos modos sociales de nominación, muchos usuarios tienden a recurrir a conductas de ocultamiento para consumir, aislándose de su entorno o llevando dicha acción a los márgenes (de su vida diaria, de su vida diurna, de ciertos vínculos significativos). De esta manera, se generan riesgos que no son problematizados por la comunidad en su conjunto, y se completa el círculo de la estigmatización frente a un comportamiento forzosamente alevoso. En este panorama, muchas personas asisten a ámbitos privados donde muchas otras también consumen drogas, que puede ser el caso de las fiestas electrónicas. Pero olvidémonos de creer que estos ámbitos son estrictamente “privados”, en términos de permitir conductas ocultas. Dentro de los actores más importantes de estas problemáticas, el Estado sabe perfectamente lo que ocurre en todos estos ámbitos de consumo de drogas: en la cancha, en las fiestas electrónicas, en los sectores vip, las plazas, las terminales de trenes, en los pasillos de las villas. Distinta es su respuesta en cada lugar, o mejor dicho, desigual, ya que es siempre importante reconocer diferencias más no acentuar desigualdades.

d. Las drogas. 

Por último, la cuarta pata, detrás de la cual se suele ocultar a todas las otras: las sustancias psicoactivas. Como se mencionó, es importante saber que hay usos de drogas esporádicos, recreativos, experimentales y otros, no problemáticos, que no pueden ser considerados como una adicción. Probablemente, el tema de las adicciones reclame un artículo aparte. Pero no todas las sustancias son iguales: difieren en su modo de uso o administración, en su presentación, en el modo de conseguirla, en su precio, en su elaboración, en la posibilidad de conocer el modo de preparación y su composición final; y por supuesto, en la dosis, en sus efectos, su nivel adictivo, las consecuencias de combinarla con otras, y en los riesgos concomitantes de su uso. La droga por sí sola no se abalanza sobre cada persona que le pasa cerca, no tiene vida propia, aunque tiene cualidades que inciden sobre la vida de una persona, de una comunidad. Las características mencionadas, seguramente condicionan y prefiguran parcialmente a la persona y al contexto (según su uso, en varios agujeros del cuerpo; según su rastro y sus efectos, los entornos de consumo). De la interacción de estas cualidades con las tres patas restantes debe surgir la mirada sesuda sobre los usos de drogas.

 

Abordajes propuestos, a profundizar e implementar

A continuación, compartimos algunas propuestas para el abordaje del uso problemático de drogas. Son acciones que venimos desarrollando en numerosos ámbitos e instituciones, desde hace ya tiempo, que se ocupan de la temática, mas aún no cuentan con un aval y una garantía plena por parte del Estado.

El correlato necesario de estas propuestas lo constituye la instalación y el recupero de políticas públicas y acciones concretas, enmarcadas por su carácter inclusivo, comunitario, que incluyan seriamente la perspectiva de reducción de riesgos y daños.

– Es crucial la divulgación de información válida y confiable sobre el uso de drogas con un discurso claro y sencillo, comprensible para la mayor cantidad de personas posibles. Para este planteo, que parte de la promoción de la salud, debieran revisarse las formas y los contenidos, evitando estigmatizaciones. Debieran revisarse hasta el tono de los discursos tradicionales dentro de las ciencias médicas, que tantas veces ofician de factor de legitimación de las problemáticas con drogas (recetando drogas “fármacos”, al tiempo que condenando lo no investigado por ellas).

– Apelar a las organizaciones sociales y comunitarias que están trabajando sobre el tema. Convocar a los usuarios de drogas para armar ámbitos de intercambio de saberes, ya que tienen mucho para decir al respecto, y tienen derecho a decirlo.  Parte del abordaje del problema puede ser  apelar a un consumo menos riesgoso, mejorando la información y la capacidad de elección, sin desconocer las dificultades que conlleva como consecuencia el uso de drogas. Todo ello se verá enriquecido escuchando a quienes las consumen.

– Comprometer a los medios de comunicación masiva a divulgar el contenido de campañas y/o de información, en segmentos que no dejen a la temática sólo dentro de las secciones policiales. Los medios de comunicación alternativos contribuyen sustancialmente en esta tarea, debido a su cercanía habitual con la comunidad y su pertenencia a la misma.

– Hacer foco en políticas públicas de prevención, en los distintos niveles, en todo el territorio nacional. Estas acciones requieren del previo relevamiento y reconocimiento del uso de drogas, para poder identificar la población con uso problemático y la mejor forma de conectar con ellas. Importa delinear también pautas generales de cuidado para sí mismos y para terceros, enmarcadas en promoción de la salud.

– Que se instale el tema en los ámbitos educativos con capacitación para la comunidad, dentro y desde las instituciones educativas. Incorporar en los contenidos curriculares la problemática desde la educación  primaria, secundaria y formación superior. Sería deseable que las instituciones, según sus características, puedan realizar eventos abiertos a la comunidad (recitales, muestras de arte, etc.) para multiplicar los puntos de encuentro que aborden sin temores la temática.

Frente a la expectativa de que el actual gobierno nacional, y también el gobierno de la Ciudad, se mantenga en esta postura, el resto de los actores sociales debemos generar la mayor difusión posible de aquellas perspectivas que apunten a multiplicar los contactos entre usuarios de drogas y los servicios sociales y de salud, y con la comunidad en su conjunto. Este artículo se inscribe en esta tentativa, entendiendo que se trata de una tarea ardua y adversa por contar con un paupérrimo acompañamiento del Estado, tanto en presupuesto como en el perfil de las políticas que lleva adelante.

Creemos que es hora de aceitar y/o poner en marcha un conjunto de políticas públicas que cambie los paradigmas punitivos; que considere y reconozca de forma cabal el lugar que el uso de drogas tiene en la sociedad; que se maneje con acciones y decisiones concretas ligadas a la atención universal, garantizada por el Estado; y, por último, que fundamentalmente sean políticas que contemplen y sean respetuosas de los Derechos Humanos.

 

Lic. Matías Corba –  Lic. Diego Granata

Para el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud

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